Campañas ilegales y precampañas indebidas.

Campañas ilegales y precampañas indebidas.

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre.

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La línea divisoria entre lo legal o ilegal de lo que hacen, digan o dejan de hacer los partidos, los precandidatos y los candidatos en un proceso electoral es tan tenue que la mayoría de las decisiones de las autoridades se caracterizan por ambiguas o controversiales, y en algunos casos, ajenas a la realidad o simplemente son incompatibles con la solución de determinados problemas que, lejos de resolverlos, los agravan y profundizan. 

La mayor evidencia de esta antinomia aparece en las etapas previas a las campañas y precampañas donde está prohibido y penalizado casi todo aquello que, como las propuestas y el debate, son actividades naturales o consubstanciales a los actores políticos.

Tenemos leyes electorales rigurosamente casuísticas, aunque con plazos y fechas sistemáticamente incumplidas, y lo más grave, sin consecuencias.

No se permite contratar tiempos ni difundir propaganda en radio ni en televisión. Nadie tiene derecho a expresar públicamente su aspiración personal a ser candidato partidario o candidato independiente, o en su caso, su oposición a que otro lo sea. Cometería actos anticipados de campaña.

Tampoco puede solicitarse ningún tipo de apoyo, ni el voto a favor de uno mismo como precandidato, ni a favor o en contra de otro precandidato, ni de un partido en específico. No se debe difundir propaganda para promocionar, cuestionar o impugnar la candidatura o la precandidatura de otro ciudadano o de otro militante. Incurriría en actos anticipados de precampaña.  

El precandidato único de un partido no puede realizar actos ni reuniones públicas ante los ciudadanos en general, ni disponer de los tiempos oficiales asignados a su partido para promocionarse. Únicamente puede hacerlo ante la militancia. Incumplir esta limitación configura actos anticipados de precampaña o de campaña.

Durante las campañas debe suspenderse la difusión de propaganda gubernamental, salvo aquella de carácter informativo o de orientación social, siempre y cuando no contenga imágenes, voces ni el nombre de ningún servidor público, so pena de ser procesado por una responsabilidad administrativa o imputado por un delito electoral.

El régimen de sanciones por faltas electorales es tan amplio que comprende desde un ciudadano, un coordinador de campaña, un sacerdote, un notario o un sindicato.

La reforma del 2014 que agrupo de mejor manera las múltiples leyes en la materia, aunque con una injustificada orientación centralista que genero una verdadera regresión de nuestro federalismo electoral, también considera a las empresas como sujetos sancionables, administrativa o penalmente, con multas, suspensión o disolución, y en el caso más severo, establece penalidades para los precandidatos y candidatos con la negativa del registro o la cancelación del ya obtenido.

ACTORES POLITICOS SINGULARES.

Sin embargo,  la realidad es que en nuestro entorno el carrusel de aspirantes ya inicio. 

Aunque ninguna autoridad los limita ni sanciona, por cuya omisión algunos piensan que el incumplimiento a la ley electoral es más redituable que perjudicial. 

Dicen que la audacia en campaña te posiciona, te hace visible, logras estatus civil, atraes indecisos y cautivas indecisas, ganas electores y conquistas terreno; verte valiente es políticamente correcto, logras apoyos y a veces hasta complicidades, aunque es importante tener claro que gobernar con las mismas coordenadas es, penalmente desastroso. Así empezó el 2009. 

En el horizonte cotidiano aparecen informes súbitos e inéditos de trabajo legislativo. Mensajes radiales cacofónicos. Transparencia plena ahora, frente a la opacidad absoluta anterior. Sonrisas sustitutas de la clásica rigidez y la indiferencia popular. 

Preocupaciones sociales falaces y mendaces. Diagnósticos y propuestas recicladas.  Promesas reiteradas. Trayectorias públicas o antecedentes privados singulares. Curriculas punibles. Incluyendo desafíos estéticos imposibles. Aparecen hombres y mujeres prestigiados por su generosidad o indolencia selectiva, entre otros vistos.

En fin, el tobogán de aspirantes y violaciones electorales se advierte imparable.

Nuestro estado de derecho es frágil. Las autoridades son tolerantes, y sobradamente temerosas o complacientes. Mientras que la reciente fiscalía electoral no termina de salir del cascaron. No se ve ni se siente. Parece agónica sin haber nacido.

Por eso es probable que en el actual proceso podamos ver el mayor compendio de hechos de impunidad político-electoral. Ojala no sea así. Aunque debemos reconocer que nuestra cultura de respeto y cumplimiento voluntario a la ley es muy débil. 

Pero mientras tanto, ni modo, la ley electoral es dura, sin duda, pero es la ley. Veremos si el 2018 prevalece la fuerza de la razón legal o la razón de la fuerza política. 

 

Salud.