Frenan diputados la ley de seguridad interior

+ Se reprocha a diputados el estancamiento de la ley de seguridad interior, hecho que se califica como “gran irresponsabilidad”.

+ El PAN y PRD exigieron que primero se apruebe el Mando Mixto y después el marco regulatorio del Ejército.

Las tres principales fuerzas políticas en la Cámara de Diputados (PRI, PAN y PRD) descartaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en este periodo ordinario de sesiones, que termina el próximo 30 de abril, debido a la falta de acuerdos parlamentarios.

Los legisladores perfilan su aval para un periodo extraordinario. El PAN y PRD exigieron que primero se apruebe el Mando Mixto y después el marco regulatorio del Ejército.

El presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), reprochó a la Cámara de Diputados el estancamiento de la ley de seguridad interior, hecho que calificó como “gran irresponsabilidad”, porque la consecuencia será que los estados de la República se podrían quedar sin la presencia de las Fuerzas Armadas en acciones contra el crimen organizado.

“Lo que va a suceder, seguramente, es que las propias secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional no van a renovar con los gobernadores los convenios de colaboración en curso y se van a ir las Fuerzas Armadas de los lugares que protegen”, acusó

Blindan movimientos sociales. En la última versión del dictamen de seguridad interior, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, y que circularon entre algunos legisladores, se establece que la temporalidad de las Fuerzas Armadas en intervención en amenazas a la seguridad interior “no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo”.

Sin embargo, a petición del titular del Ejecutivo, las acciones se pueden prorrogar. En el dictamen se establece que no podrán ser consideradas como amenazas a la seguridad nacional, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan motivo político-electoral y que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política”.

Se especifica que la aplicación de la ley de seguridad interior le corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, fuerzas federales y, en su caso, Fuerzas Armadas en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencias.

El senador Roberto Gil Zuarth (PAN), autor de uno de los proyectos que fueron presentados para el debate legislativo, que tiene como origen la Cámara de Diputados, lamentó que las fuerzas políticas se hayan sostenido en los extremos y que se nieguen a votar un marco jurídico para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El coordinador de diputados del PRI, César Camacho, informó que, aunque el dictamen está listo y será circulado hoy entre los integrantes de la Comisión de Gobernación, las condiciones políticas se dificultan en el último tramo del periodo ordinario.

Explicó que PAN y PRD condicionaron la aprobación de la ley de seguridad interior a que se resuelva también la ley del Mando Mixto o Único, y eso es “injustificado”.

El coordinador del PAN, Marko Cortés, evidenció la falta de consenso y mantuvo su posición de primero aprobar la minuta del Mando Mixto policial para fortalecer a los uniformados civiles y, posteriormente, la legislación con la intervención del Ejército en las tareas de seguridad.

El líder del PRD, Francisco Martínez Neri, dijo que la ley de seguridad interior es un tema que no se ha querido discutir, “nosotros propusimos desde hace algún tiempo el hecho de que pudieran estar aquí personas que pudieran hablar en pro y en contra, pero no se ha querido abordar”.

++ Ley de seguridad interior: el dictamen debe repensarse.

El coordinador de los legisladores priístas en San Lázaro, César Camacho Quiroz, anunció ayer que la iniciativa de la ley de seguridad interior (LSI) no será aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones debido a los desacuerdos entre su bancada y las de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), las cuales piden que antes de esa citada norma se acepte la minuta senatorial sobre la figura del mando mixto policial en los estados, la cual es rechazada por los oficialistas, quienes abogan por un mando único.

Sin entrar en los pormenores de ese desencuentro, lo cierto es que obliga a un saludable retraso en la aprobación de la LSI y aporta un margen de tiempo adicional para que la Cámara de Diputados escuche las múltiples voces adversas a esa norma y reflexione sobre la improcedencia de definir un marco jurídico que regularice la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y policiales.

Como han señalado organizaciones sociales y populares, particularmente aquellas que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la eventual aprobación de la LSI constituye un grave peligro por cuanto otorgaría al Ejecutivo federal atribuciones discrecionales en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, incrementaría la indefensión de los ciudadanos ante atropellos y abusos de las fuerzas del orden y podría propiciar el uso de las instituciones castrenses contra movimientos sociales y opositores.

Por otra parte, la legislación referida contravendría el estatuto constitucional del Ejército y la Marina, que delimita con claridad la misión de las fuerzas armadas a la preservación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país, así como al auxilio a la población civil en casos de desastre.

Tales tareas nada tienen que ver con la prevención del delito ni con la captura y consignación de presuntos infractores ni con las tareas de vigilancia e inteligencia para mantener el estado de derecho. Las corporaciones militares, en México y en cualquier otro país del mundo, operan con lógica distinta: la de enfrentar y neutralizar a una fuerza enemiga. Cuando se desvirtúa la función de las instituciones castrenses, la incompatibilidad entre una y otra tareas conduce de manera inevitable a la introducción de una dinámica de guerra entre connacionales y a la comisión de violaciones a los derechos humanos de presuntos culpables, de inocentes y de grupos enteros de la población.

Tales consecuencias no sólo afectan a la ciudadanía, sino también a las autoridades políticas, sobre las cuales acaba recayendo la responsabilidad por la militarización de la vida y el espacio públicos, y a las propias fuerzas armadas, que sufren la erosión de su imagen institucional y de la confianza de la población en ellas.

Por otra parte, a más de una década de que el poder civil empezó a emplear destacamentos militares en el combate a la delincuencia organizada, el obligado saneamiento, la profesionalización y la moralización de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno ha sido postergado de manera indefinida, y a la fecha no es posible constatar avances significativos en esta materia.

Se debe, en suma, hacer frente a la obligación de recuperar los cuerpos de policía y restablecer la observancia de los lineamientos constitucionales que regulan el funcionamiento y el sentido de las fuerzas armadas. Y para eso no se necesita una ley de seguridad interior, sino cumplir las leyes ya existentes. http://www.jornada.unam.mx/2017/04/19/opinion/002a1edi

 

Regresar al inicio