Reforma electoral (I).

 

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Los resultados del trabajo legislativo tienen la importancia de revelar, por una parte, la capacidad negociadora de los coordinadores parlamentarios para la construcción de acuerdos y consensos, o en su caso, evidenciar los objetivos y la intencionalidad política real para crear o modificar leyes específicas.

 

La reciente reforma electoral aprobada por el congreso del estado representa, no obstante las inconveniencias formales de la reelección de diputados y alcaldes, incluyendo las implicaciones por la nueva asignación de regidores plurinominales, disminución de consejeros distritales y municipales, además de regresar al esquema de otorgar facultades discrecionales personales a funcionarios electorales específicos, un cambio a 114 artículos que configuran una novedosa normatividad local.

Al margen del procedimiento fast-track aplicado para la aprobación de esta relevante reforma, y pese a la falta de reglamentación de algunos temas como la pantanosa reelección, el congreso paso por alto el riesgo natural derivado de la prohibición constitucional que impide a los servidores públicos en funciones disponer de recursos o difundir acciones de gobierno, disfrazadas de comunicación social, con fines o efectos de promoción política personal.

Las consecuencias por incumplir la obligación de imparcialidad y equidad electoral prevista por el 134 constitucional es una delgada línea divisoria entre un juicio de responsabilidad, un delito electoral, la improcedencia del registro o la validez de la elección. Impugnaciones y sentencias abundan al respecto.

Es lógico suponer entonces que el congreso debió imponer un plazo razonablemente mayor a un día para que los diputados, alcaldes, síndicos y regidores en funciones tengan la obligación de renunciar al cargo antes de su registro como candidatos.

Actualmente aquellos servidores aspirantes a gobernador deben renunciar seis meses anteriores al día de la elección y los pretensos a diputados noventa días previos.

Es decir, la dualidad de ser gobernante y a la vez candidato podría convertirse en 2018 en un estatus políticamente riesgoso o en una realidad objetivamente punitiva.

Otro de los temas centrales de la reforma es la nueva asignación de regidores plurinominales que históricamente correspondía aprobar a los consejos municipales y que ahora será competencia del IEEyPC.

Esta medida duplicara al Instituto la responsabilidad de asignar también los diputados plurinominales conforme al resultado de las elecciones distritales.

Adicionalmente, a partir de 2021 se conjugara al IEE la complejidad de resolver, conjuntamente con la calificación y validez de la elección estatal de gobernador, las impugnaciones contra el escrutinio y cómputo de los 21 consejos distritales, así como los recursos de las 72 elecciones municipales.

Es decir que, al no poder emitirse una resolución integral de una elección municipal que comprenda la asignación de regidores plurinominales, los partidos y candidatos pierden la oportunidad para verificar o impugnar directamente en los consejos municipales el resultado de los votos validos obtenidos, y por consecuencia, el numero de regidurías a los que tienen derecho.

Eliminaron involuntariamente un medio de impugnación crucial para las minorías partidistas que anteriormente tenían tres oportunidades procesales para impugnar la asignación de regidores plurinominales o para corregir el cómputo de una elección.

Además, se origina la inconveniencia de que el recurso de impugnación será planteado por los representantes de los partidos ante el IEE y no por los actores políticos participantes en las elecciones municipales.

Por otra parte, y sin valorar el incremento de ciudadanos inscritos en el padrón y en lista nominal de electores, modificaron la integración de los consejos electorales. La regla general era que, independientemente del número de votantes en un distrito o en un municipio, la organización de las elecciones estaba en manos de cinco consejeros.

En lo sucesivo se aplicara innecesariamente una integración proporcional en los consejos municipales, mientras que en los distritales subsistirán los cinco consejeros.

Habrá seis consejeros y un presidente en aquellos municipios con más de cien mil habitantes. Cuatro consejeros y un presidente donde existan menos de cien mil, pero más de treinta mil habitantes.

Empero, solamente habrá dos consejeros y un presidente en municipios con una población menor a treinta mil habitantes, sin considerar que el grueso de los municipios de sonora tienen una población mucho menor a treinta mil ciudadanos.

Con este criterio comprometieron el funcionamiento de los organismos encargados de las elecciones municipales donde normalmente se desbordan las pasiones políticas.

Otro de los ajustes, y probablemente el más relevante por sus implicaciones políticas, es la atribución discrecional otorgada al secretario ejecutivo del IEE para designar directamente, sin aprobación del consejo general como máxima autoridad colegiada, ni anuencia del presidente del Instituto, ni opinión de los consejeros, ni conocimiento de los partidos políticos, a la totalidad de los secretarios de los consejos municipales y distritales, mismos que en el terreno de los hechos son los operadores del control de las cosas buenas y malas que suceden en una elección.

Los secretarios de los consejos son designados en la actualidad por el pleno del organismo a propuesta del consejero presidente. Todos conocen a los propuestos, todos opinan sobre la idoneidad del perfil, de su trayectoria y de sus filias o fobias y se vota su designación en sesión pública. Por eso no siempre se aprueba al que quiera o al que sea. La presidenta del IEE ya tuvo esta experiencia que termino en el TEPJF.

Parece nimia esta nueva facultad del secretario, pero que aunada a otras similares concedidas al presidente del IEE para dictar resoluciones de peticiones de ciudadanos, partidos y candidatos, que legalmente son competencia del pleno del Instituto, además que dicha presidencia podrá contratar y designar bajo el mismo procedimiento de discrecionalidad a todo el personal de los consejos distritales y los municipales, la operatividad del proceso estará bajo dos férulas unipersonales. Crearon una supersecretaria y una superpresidencia del IEE.

En tal contexto, en el 2018 podrá ser políticamente más notable ser secretario que consejero, más significativo que representante de un partido y más trascendente que presidente del propio instituto.

Salud.

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