Ley de Participación Ciudadana, en la nada jurídica.

14 Marzo 2017
Francisco Arenas

 

Por: Lic. Marco Antonio Andrade Aguirre Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Todo se discute en este mundo, menos una única cosa no se discute: no se discute la Democracia. No nos damos cuenta de que la Democracia en la que vivimos es una Democracia secuestrada, condicionada y amputada. El poder del ciudadano, el poder de todos nosotros, se limita en la esfera política, donde se toman las grandes decisiones, por un poder que no conocemos.

José Saramago.

Las resoluciones legislativas más relevantes que durante el periodo del Gobernador Guillermo Padres aprobó el Congreso del Estado fueron la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas en 2010, y la Ley de Participación Ciudadana en 2011.

Sin embargo, dichas legislaciones no han sido aplicadas a la fecha, ni mucho menos, acatadas por ninguna autoridad. Ambas son, desafortunadamente, letra muerta.

Estas leyes comprenden la ampliación de los nuevos derechos sociales y políticos con quienes, paradójicamente, el primer gobernador de la alternancia más se confronto durante su mandato al realizar acciones sistemáticas en sentido contrario a la finalidad y a los objetivos previstos por tales normativas.

Los beneficios económicos y el reconocimiento de los nuevos derechos colectivos que la ley indígena contempla para favorecer el desarrollo de las ocho etnias sonorenses, fueron cancelados y sustituidos por estrategias divisorias y acciones persecutorias contra los principales liderazgos de la tribu yaqui.

El conflicto generado por la disposición arbitraria de las aguas consideradas propiedad histórica de la tribu yaqui, no solamente se convirtió en un grave error político del entonces gobernador Padres, sino que también detono una enorme inconformidad de los ciudadanos del sur del estado, que aunada al incumplimiento de compromisos electorales como la derogación de la tenencia vehicular y la disminución o cancelación de impuestos, incluyendo las reiteradas denuncias y señalamientos por evidentes actos de corrupción, se convirtieron en el vía crucis que marco el destino del ex mandatario, su familia y su partido.

Además, el gobierno del cambio también subestimo la capacidad de indignación y movilidad de una apabullante mayoría ciudadana que agraviada por el atropello, la insensibilidad y la intransigencia gubernamental, fueron la punta de lanza del mayor repudio social hacia un gobernador, cuyo desempeño está considerado actualmente como el principal gobierno fallido en la historia de sonora.

Por otra parte, la Ley de Participación Ciudadana instituye diversos mecanismos de democracia directa para que sean los ciudadanos, y no los gobernantes como tradicionalmente sucede, quienes aprueben finalmente todos aquellos acuerdos trascendentes para el interés de la sociedad emitidos por el ejecutivo estatal, por el congreso o los gobiernos municipales.

No obstante la importancia social que representa validar una decisión política, presupuestal o administrativa para legitimar acciones de cualquier nivel de gobierno, la realidad es que dicha legislación contiene una especie de llave china o candado inverso que impide al ciudadano conocer y votar previamente la aprobación o el rechazo de una ley o la ejecución de un acto de gobierno.

De los 8 procedimientos de participación ciudadana considerados más relevantes, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y el presupuesto participativo, todos ellos en su totalidad deben aplicarse en forma posterior a una decisión de gobierno ya iniciada o ejecutada, lo cual es obvio suponer que desalienta el interés del ciudadano para participar en lo que la ley denomina “decisiones públicas fundamentales” o “soluciones de problemas de interés general.”

Es decir, cualquier consulta pública en sonora está condicionada para realizarse a posteriori de un acuerdo del ejecutivo o una resolución del congreso del estado.

Asimismo, es importante subrayar que ningún mecanismo de participación ciudadana suspende la ejecución ni los efectos inmediatos del acto materia de cualquier consulta, ni el resultado es estrictamente obligatorio o vinculante para la autoridad que lo emita, en razón de que la propia ley establece, por una parte, que esta es improcedente sobre asuntos tributarios, fiscales o de ingresos, y por otra, que en caso de haberse consumado el acto o este sea de imposible reparación, tampoco será vinculatorio para nadie, llegando al extremo de establecer expresamente que la Consulta Popular no será vinculatoria en ningún sentido, cuyo resultado únicamente será tomada en cuenta como un elemento indicatorio (sic) para las autoridades.

Para la instrumentación del plebiscito y el referéndum en su modalidad constitucional o legislativa, también se exige un altísimo umbral para que su resultado tenga efectos vinculantes. Sonora tiene una lista nominal de 1 un millón quinientos mil electores.

Cuando el plebiscito se derive de un acuerdo del poder ejecutivo deberán participar el 35% del total de ciudadanos de la lista nominal equivalentes a 525,000 electores, o en su caso, un mínimo del 20% que serian 300,000 sonorenses.

Tratándose de un plebiscito municipal la ley exige un 40% del total de ciudadanos inscritos o un mínimo del 25% para su vinculación obligatoria.

Mientras que en el referéndum constitucional se requiere para su vinculación un mínimo del 40% de participantes equivalentes a 600,000 ciudadanos, nada más.

En ese contexto, la ley de participación ciudadana representa un compendio de buenos propósitos democráticos que es inaplazable analizar y discutir de nuevo para perfeccionar bajo la lógica del consenso entre autoridades y ciudadanos.

Resulta inadmisible que las consultas públicas en nuestro país parecen proscritas o se elaboran con los fines aviesos en su inaplicación práctica. Sucedió con la Ley Federal de Consulta Pública que en el marco de la reforma constitucional en materia energética de 2013 quedo condicionada en forma limitativa a leyes secundarias.

En el caso local se requiere una precisión legislativa para dispar esa profunda ambigüedad consignada en el artículo segundo transitorio de la LPC al señalar que las autoridades (sic) tienen la obligación de emitir los reglamentos de la ley (sic), invadiendo con ello la facultad reglamentaria otorgada desde 1917 al ejecutivo estatal por la constitución del estado.

La agenda de la sociedad civil y la creciente acumulación de reclamos ciudadanos para encausar el cumulo de asuntos y compromisos diferidos es posible someterlos al cedazo de la decisión democrática real de los ciudadanos.

Ojala que la virginidad jurídica de la ley de participación ciudadana perdure hasta en tanto se aplique la virilidad política del congreso o del gobierno del estado. Salud.