Participación y Consulta ciudadanas: ¿Democracia real o simulación pura?

09 Abril 2017

 

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Nuestras formas tradicionales de hacer política se caracterizan por ser infinitamente creativas. Para nadie es un secreto que la clase política tiene una capacidad ilimitada para resolver, diferir o simular la solución de un problema recurriendo a las más audaces e inverosímiles argucias para lograr sus propósitos personales o partidarios.

 

Cuando desean que un problema no se resuelva proponen la integración de una comisión. Para medir el tiempo aplican a conveniencia propia un sistema, único en el mundo, llamado el reloj legislativo. Cumplen con las cuotas de género registrando candidatas mujeres y después las renuncian para que entren en funciones los varones.

También inventaron un doble financiamiento público para recibir recursos federales a través del INE y en cada estado por conducto de los OPLES.

Acostumbran someter a falaces procesos de selección y capciosas entrevistas a los aspirantes a ocupar cargos en los organismos autónomos, aunque siempre terminan negociando los nombramientos por cuotas, afinidad o filiación político partidaria.

Inducen la quiebra de empresas públicas para después privatizarlas, convirtiéndose en socios o en directivos de estas, surgiendo esa ominosa conversión donde los políticos se vuelven empresarios y los empresarios se convierten en políticos.

En la creación o actualización de leyes y en la implementación de los mecanismos de democracia directa para estimular la participación de los ciudadanos en asuntos de interés publico, sucede exactamente lo mismo. Aplican férreos blindajes, ponen candados sin cerrojo o exigen requisitos improbables de cumplirse.

Para evitar la aplicación de las consultas y la decisión colectiva de los ciudadanos, suelen aprobar únicamente la norma general para diferir después la expedición de las leyes secundarias o reglamentarias, como sucede desde el 2011 con la Ley de Participación Ciudadana del Estado, cuya estrategia nos revela la incongruencia y la falta de compromiso de los partidos con las causas y las necesidades democráticas de la sociedad y del propio país.

No obstante, en febrero del 2014 reformaron la carta magna para incorporar la figura denominada “consulta popular” con el propósito de obtener la opinión de los mexicanos en “temas de trascendencia nacional”, la cual tiene un nivel de complejidad político-procesal que resulta casi imposible de aplicarse.

Además, la ley federal lejos de simplificarla, la inhibe y obstaculiza conforme a las rigurosas bases de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

El trámite de la consulta popular inicia, tratándose de una petición ciudadana, presentando al Presidente de la Cámara de Diputados el llamado “aviso de intención”, quien tiene la facultad de entregar a los solicitantes el “formato oficial” para recabar y acreditar el número de firmas equivalentes al 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores integrada actualmente por 83.5 millones de mexicanos.

Dicha solicitud debe presentarse limitativamente el 1 de septiembre del segundo año de la legislatura correspondiente o el 15 de septiembre del año electoral federal. Fuera de estas fechas se origina que la petición sea desechada sin mayor trámite.

La consulta tampoco puede realizarse en cualquier momento o circunstancia política, sino exclusivamente el mismo día de la votación de una elección federal. Es decir, una consulta nacional es posible celebrarla cada 3 años y no antes, nunca antes.

Adicionalmente, el tema motivo de la consulta no es libre, abierto ni discrecional. Tampoco es posible formular más de una sola pregunta en cada consulta. El contenido de la papeleta debe ser monotemático: una consulta, un tema, una pregunta.

El primer gran candado consiste en que la petición inicial requiere ser aprobada, en primer lugar, por la cámara de diputados y después por la cámara de senadores para una segunda aprobación. A ambas cámaras les corresponde calificar la naturaleza jurídica del tema para poder ser considerado de “trascendencia nacional”, sin cuya aprobación se declara automáticamente como improcedente.

En caso de obtener la aprobación de las dos cámaras, pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Pleno califique la constitucionalidad de la consulta; a la vez que también se envía al INE para comprobar el porcentaje del 2% del registro y validez de las credenciales personales de los solicitantes de la consulta.

Calificado el subjetivo concepto de “trascendencia nacional”, así como la constitucionalidad y la comprobación del porcentaje mínimo de los firmantes, es necesario un nuevo acuerdo de los partidos para lanzar la convocatoria que deberán aprobar conjuntamente las dos cámaras del congreso de la unión. Sin este consenso no hay consulta.

La organización de la consulta la realiza el INE. La legalidad del procedimiento y la validez del resultado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La cereza del pastel y el candado maestro consiste en que para que el resultado de una consulta sea vinculante es necesario participe el 40% de la lista nominal de electores, sin este porcentaje no tiene efectos obligatorios para ninguna autoridad. Deben votar 33 millones 400 mil ciudadanos, nada más, y nada menos.

En consecuencia, la consulta resulta un rosario de trámites, calificaciones, aprobaciones y acuerdos políticos, administrativos y jurisdiccionales que en nuestra opinion la convierten, por definición, en un derecho ciudadano casi imposible de ejercer.

Dichas acotaciones podemos interpretarlas también como una violación implícita de derechos humanos de carácter electoral, como así lo contempla el 35 constitucional, que al hacer nugatorio un derecho político del ciudadano, la ley de consulta popular está reducida entonces a un catalogo de derechos imposibles.

En ese contexto, es evidente que la aplicación de cualquier tipo de consulta, al igual como sucede con los otros instrumentos de participación ciudadana previstos en las leyes locales, fue diseñada sin rumbo fijo, pero con destino cierto. Nunca será aplicada.

En conclusión, es obvio que a nuestra clase política solamente les interesa la democracia electoral. Su razón de ser esta en los votos, obtenidos a toda costa y a cualquier costo. La democracia participativa no les gusta y la democracia deliberativa tampoco les agrada. Vivimos pues en una democracia sin demócratas.

Las practicas de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, las consultas y la iniciativa popular, junto a las bondades políticas del presupuesto participativo, tienen una importancia que ningún gobernante ha sabido valorar para mejorar los índices de aceptación y legitimación social por desempeño. Nunca leyeron a Sartori, únicamente al príncipe florentino.

Salud.