El Fiscal azul

07 Mayo 2017

 

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Nadie informo a Jorge Cons y demás integrantes del comité ciudadano responsable de integrar la terna para la designación del primer fiscal en delitos electorales de sonora, aunque tampoco indagaron por cuenta propia como era su obligación, que el fiscal propuesto al Congreso también se registró como aspirante a consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

 

Tampoco Oscar López Vucovich se percato que dicho comité cometió una violación constitucional a la Carta Magna Sonorense por haber seleccionado para fiscal electoral a un connacional veracruzano que, por no tener residencia efectiva ni permanente en la entidad, no reúne el requisito obligatorio de ser ciudadano sonorense para ocupar dicho encargo, cuyo nombramiento contraviene también el principio de designación preferente de los sonorenses a cargos públicos, así como la regla especial de restricción política ciudadana prevista para el efecto por los artículos 15, 16 fracción II y 17 de la Constitución del Estado.

Por igual, Don Pepe Coppel y Marco Paz Pellat no advirtieron que el ciudadano veracruzano designado fiscal sonorense incumplió adicionalmente con el imperativo de acreditar el examen de control de confianza previa y de experiencia profesional comprobada de tres años en materia de procuración de justicia electoral exigidos literalmente por el artículo 14 de la reciente aprobada Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. La primera aplicación se convirtió, paradójicamente, en su primera violación. Inauguraron la ley incumpliéndola.

En ese sentido, es importante subrayar al respecto que para ser consejero electoral en la Ciudad de México se requiere tener domicilio real, inequívoco o indubitable de cinco años continuos como ciudadano residente en esa entidad.

Para adquirir la condición de ciudadano en Sonora y poder ejercer los derechos civiles o políticos como servidor público, sea por elección o designación, se exigen dos años de residencia. En ambos casos el estatus se comprueba con documento en mano.

La duda lógica entonces es que documentación analizo el comité ciudadano para tener por comprobado dicho requisito, lo mismo que el congreso del estado, y cuales el INE, quien en su página oficial publico que el aspirante No. 118, ahora fiscal en sonora, es elegible como consejero por haber cumplido el requisito de residencia efectiva de cinco años viviendo en la CDMX.

Es decir, los documentos presentados ante el INE son pruebas afirmativas de que el fiscal electoral de sonora no es sonorense, y por consecuencia, no es elegible para ocupar el cargo, por tratarse, salvo pruebe en contrario, de un abogado itinerante que inicio funciones laborales en Veracruz, después se fue a Tabasco, regresa a Veracruz, emigra a Sonora, se reubica en la CDMX, vuela de reversa a Sonora y, contra toda lógica, es designado fiscal de una entidad ajena a sus raíces cívicas y genealógicas por una mayoría automática de diputados sonorenses contrarios a su origen político-partidario, aunque en contra de algunos gobernantes y militantes agraviados por su inverosimil desempeño como representante del PAN ante el IEE. Un caso, todo un caso.

Además es evidente que Servando Carbajal, Juan Carlos Solís y Jesús Gámez también pasaron por alto, no únicamente el análisis curricular y la ponderación del perfil requerido para proponer al fiscal que en el futuro inmediato investigara a candidatos, funcionarios, militantes y dirigentes de partidos, periodistas, autoridades y ciudadanos como actores naturales del proceso 2017-2018, sino la trascendencia de las funciones ministeriales del titular de la nueva fiscalía en delitos electorales. Parece buscaron a un Edgar J. Hoover y lo encontraron. Esperamos no opere con las mismas cábalas o supersticiones del otro fiscal azul designado por Ernesto Zedillo.