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Por mayoría en lo general y en lo particular fue aprobado en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, reglas que se pretenden aplicar en el proceso electoral de 2021. 

Este proyecto se elaboró con base en las propuestas presentadas por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, por el grupo parlamentario del PRI, el de Nueva Alianza, el del PAN y por un escrito del diputado Gildardo Real Ramírez. 

Al inicio de la sesión, la diputada María Dolores Del Río Sánchez solicitó se retirara del dictamen el tema relativo a la violencia política contra las mujeres, para que fuera turnado a la Comisión para la Igualdad de Género, propuesta que fue respaldada por las diputadas Alejandra López Noriega y María Alicia Gaytán Sánchez. 

El proyecto de dictamen, que será presentado al Pleno en una próxima sesión, establece la reducción de tiempos de campaña para Gobernador, de 90 a 60 días; las campañas a la gubernatura iniciarán 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; para candidaturas independientes podrán registrarse todos los que obtengan el apoyo ciudadano y podrán ser respaldados, en la vía electoral, por uno o más partidos políticos. 

También se dictaminó que las boletas electorales para Gobernador y diputados deberán incluir fotografía, lo cual de acuerdo al proyecto, constituye un elemento que contribuye a potencializar y maximizar el derecho humano al voto activo.

Otros aspectos que se modificaron de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora son: creación de nuevas comisiones permanentes de administración, oficialía de partes, de archivo y de participación ciudadana dentro del Instituto Estatal Electoral; se establece una comisión temporal de registro de candidatos; nombramiento o ratificación de funcionarios de nivel directivo. 

El proyecto establece que los cambios propuestos tienen por objeto fortalecer las decisiones colegiadas en el ejercicio de sus funciones y a su órgano máximo de dirección, así como a sus esquemas de división de trabajo en el que participan sus integrantes. 

En la discusión en lo general, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño afirmó que el dictamen contraviene lo que él ofreció en campaña apegado al proyecto nuevo de nación, y en este momento la exigencia de la sociedad es que atiendan los problemas generados por la pandemia, además de calificar como aberrante que se pretenda controlar el Instituto Estatal Electoral en el tema político y en el tema económico. 

La diputada Gricelda Lorena Soto Almada, quien también votó en contra del dictamen, consideró una mala señal a la ciudadanía que en medio de esta emergencia se encuentren debatiendo una reforma electoral que no es prioritaria, aunque para algunos signifique la última oportunidad de mantenerse en el poder, dijo. 

“Se trata de una reforma sin análisis y a fuerza de la compra de las voluntades de un buen número de diputados que en lo último que piensan es en el perfeccionamiento de la democracia en el Estado”, aseveró, para posteriormente informar que no están a favor de una reforma electoral que se pretende aprobar al vapor. 

El diputado Eduardo Urbina Lucero reconoció que han llegado a un punto en el que este Congreso puede tener esa etiqueta de ser desaseado al tratar los temas, ya que lamentablemente no han logrado estructurarse y la emergencia sanitaria los descontroló un poco en el tema electoral. 

En la discusión en lo particular, de nuevo el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, a nombre suyo y de los diputados que integran la comisión por el grupo parlamentario de MORENA, Gricelda Lorena Soto Almada y Norberto Ortega Torres, presentó un posicionamiento en el que señaló que el dictamen aprobado contraviene no sólo las normas fundamentales, sino los principios de certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que deben regir en todo momento la función electoral.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez reservó varios artículos para su discusión en lo particular, que finalmente fueron retirados del dictamen. También reservaron artículos los diputados Nitzia Corina Gradías Ahumada y Eduardo Urbina Lucero, los cuales fueron modificados del proyecto original. 

Posteriormente se aprobó el resto del articulado que no fue motivo de modificación.

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