POR: Francisco Arenas Murillo
DESDE EL MISMO VIERNES, CUANDO EN LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DEL ESTADO aprobaron modificar la norma reglamentaria en materia electoral en Sonora, algunos teléfonos personales y de oficinas estatales y federales recibieron llamadas de oficinas del gobierno federal preguntando en torno al tema.
La principal pregunta era qué había pasado en realidad en la cámara local a partir de que se aprobó una iniciativa colegiada entre el PRI, PES, PT y PAN para tratar de incorporar nuevos criterios para los eventos pre electorales y electorales que deberán realizarse en Sonora a partir del 2021.
El interés de operadores políticos del gobierno federal se concentraba en tratar de entender el por qué de esa intención de modificar las reglas electorales y sobre todo centrarse en acotar la operatividad del órgano rector de regular y dirigir los procesos electorales, en este caso el Instituto Estatal Electoral.
Y más aún, indagar en qué sentido iban las intenciones de los partidos Encuentro Social y del Trabajo, con quienes existe una buena relación desde Palacio Nacional y sus dirigentes nacionales.
De inmediato se enviaron reportes de las actuaciones y decisiones asumidas por el coordinador de los diputados del PES Jesús Alonso Montes Piña y la del PT Magdalena Peña Uribe.
En las oficinas del gobierno federal del centro del País extraño la actuación de Montes Piña porque se tenía el reporte de que había establecido acuerdos, previas conversaciones, con personajes que representan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Sonora.
Sin embargo, sin mediar explicación, rompió esos acuerdos y concretó una alianza con sus pares del PRI y PAN para sacar adelante estas reformas electorales y pasarles por encima a los diputados de Morena.
El PES no es en términos fácticos un partido político porque perdieron el registro recientemente, pero se encaminan a recuperarlo, aún así quien funge como líder de esa organización con raíces religiosas, Hugo Eric Flores Cervantes, mantiene un control estricto sobre la estructura y más que nada una alianza y acuerdos políticos con el gobierno de la cuarta transformación.
De tal manera que se espera una llamada de atención de parte de la dirigencia nacional, si es que no lo han hecho aún, para Alonso Montes Piña, para que explique los motivos que lo llevaron a aprobar esas modificaciones al reglamento electoral en Sonora.
Ya anteriormente el representante mayor del PES en el Estado Jesús Baldenebro Arredondo debió resolver algunos asuntos relacionados con el quehacer de sus representantes en el Congreso del Estado, y por instrucciones de la dirigencia nacional les manoteó la mesa a Alonso Montes Piña y colegas.
Por eso, se anticipa una investigación en torno a la decisión tomada en la Comisión de Gobernación el viernes pasado cuando votaron las modificaciones electorales que, si no suceden otras cosas, podría pasar al pleno en la sesión del martes.
Por el lado del Partido del Trabajo al gobierno federal no le extraña tanto la actuación de sus diputados locales en Sonora, sobre todo porque la dirigente estatal es Ana Gabriela Guevara quien a su vez tiene como operador principal a Ramón Flores, quien de manera incondicional recibe instrucciones y las lleva a la práctica.
Desde esa perspectiva, entienden haya una resistencia por parte del PT para respetar los acuerdos que en el plano nacional tiene el dirigente Alberto Anaya con el gobierno de la República, pero que en esta Entidad se incumplen.
La actuación de la diputada Magdalena Uribe la observan, pero no les inquieta porque operó bajo la óptica del interés personal sobre el interés colectivo y a la vez cumplió la instrucción enviada desde el centro del País por la encargada de la dirigencia estatal.
Ante este contexto, con el interés del gobierno federal puesto en el congreso del Estado de Sonora habrá que evaluar si para la próxima sesión ordinaria que debiera celebrarse el martes, habrá condiciones políticas adecuadas, necesarias, para incorporar a la agenda legislativa el tema de las reformas electorales.
Los diputados del PRI y PAN quisieran que así fuera, pero nadie les garantiza que sus pares de, al menos el PES, puedan votar a favor del tema en caso de que se incorpore a la agenda.
Pero, y por elemental lógica, el asunto relacionado con la emergencia sanitaria por el COVID-19 que no cede y por el contrario amenaza con desbordarse en el Estado, atrae la atención de las autoridades estatales y municipales y no tendrán tiempo para atender un asunto secundario que, en realidad, no modificará para nada las tendencias electorales en Sonora.
Así es que probablemente las cosas cambien y quizá… quizá el tema de las modificaciones a la ley reglamentaria en materia electoral sean cosa para discutirse en el futuro.
DESDE MEDIADOS DE LA SEMANA PASADA EMPEZARON A CIRCULAR LAS ESTADÍSTICAS DE la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, en donde el gobierno de Claudia Pavlovich se coloca entre los mejores evaluados y no solo eso, sino que da un salto cuantitativo y cualitativo sorprendente.
En esa información que se colocó incluso en las oficinas de los tomadores de decisiones en el País, al gobierno de Sonora pasó de estar, en 2015, en el décimo lugar entre los peores resultados en manejo de gasto federalizado a ser el mejor estado en la aplicación de recursos federales.
Además, se indica que en cuatro años Sonora pasó de ser en 2015 el quinto peor en cuanto a percepción ciudadana por presuntos actos de corrupción en el gobierno, a ser el quinto mejor en indicadores de buen desempeño en este rubro y en cinco más: salud, educación, infraestructura, transporte y transparencia.
La información no pudo ser más puntual y oportuna, porque se da a conocer en los momentos cuando en el plano nacional empezaron a operar algunos grupos para tratar de involucrar a los Estados con el tema de la rendición de cuentas relacionadas con manejos de recursos federales y más aún la forma cómo estos se destinan para contener la emergencia sanitaria.
Sonora se convirtió en referencia una vez más.