LA LLEGADA DE UN NUEVO GOBIERNO A SONORA NO SIGNIFICA QUE LA DISPUTA POLÍTICA HA CESADO Y SÍ POR EL CONTRARIO, CONFORME AVANCEN LOS DÍAS se intensificará porque algunos grupos se sienten y sentirán desplazados en y de la toma de decisiones y no querrán perder los privilegios que durante años obtuvieron al amparo del poder público.
Ni el impresionante bono democrático obtenido por Alfonso Durazo durante la jornada electoral de junio pasado ni sus propuestas de mejorar las condiciones de vida de los sonorenses que han sido excluidos por el sistema político sonorense, serán diques para que los grupos de poder, interés y de presión quieran mantener sus canonjías y beneficios.
Se recurrirá, como siempre sucede y ha sucedido, a todas las estrategias de la contrapropaganda política y del activismo social para contener el avance de un gobierno como el que pretende implementar en Sonora el mandatario Alfonso Durazo: uno que vele por el interés de la gente, que realmente se concentre en reactivar la economía, en incrementar el valor de las riquezas naturales de la tierra sonorense, aprovechar y explotar debidamente sus ventajas competitivas y comparativas.
Generar un Sonora en donde la gente, sobre todo los que menos tienen, sean el centro de la atención del quehacer gubernamental, hacer de Sonora realmente una tierra de oportunidades para todos, no solo para los que siempre han tenido.
Pero esas intenciones progresistas, esos deseos y anhelos de dispersar beneficios para todos los subgrupos sociales en donde haya equilibrio en el bienestar colectivo, trae consigo inquietud en las élites que siempre han tenido el control de la toma de decisiones y el destino del Estado.
Y eso se observa por la manera cómo se opera incluso desde los medios de comunicación, para intentar consolidar una narrativa, una percepción generalizada, de que el gobierno entrante de Alfonso Durazo, con apenas trece días en la toma de decisiones, no ha logrado contener el avance de la delincuencia en algunas regiones del Estado, sobre todo en Cajeme.
Así quedó de manifiesto cuando a partir de un hecho lamentable en el que ultimada a balazos perdió la vida una persona dedicada a la entrega de alimentos a domicilio.
El hecho provocó una reacción, lógica y natural, entre trabajadores que se dedican a ese oficio del que dependen ellos y sus familias, quienes, alarmados y como una reacción natural, exigieron a las autoridades la solución al crimen.
El hecho pasó como una manifestación más en esa sureña ciudad en donde ese tipo de acontecimientos son recurrentes ante la desesperación popular.
Sin embargo, en la capital de Sonora caja de resonancia de lo que sucede en el Estado, se inició una estrategia mediática para tratar de endosarle la responsabilidad al incipiente gobierno del Estado de un contexto proveniente de muchos años previos.
Es una estrategia socorrida por los grupos de poder para señalar presuntas fallas de los gobiernos, en este caso el de Alfonso Durazo, como si fuera el responsable de no atender esos hechos criminales.
Así se mantendrán esos grupos si es posible durante todo el sexenio si observan que no habrá un cambio de rumbo en el gobierno del Estado para mantenerles sus beneficios y sus compromisos contraídos en otras administraciones estatales.
Habrá de verse hasta dónde llegan y para cuando también obtendrán una respuesta de las autoridades estatales.
A ver.